TÍA
MARÍA: CICLO POLÍTICO, RIESGO
EMPRESARIAL E IMPOSICIÓN DE UNA INVERSIÓN ILEGÍTIMA
José Antonio Lapa Romero
antonioromero99@yahoo.com
En el Perú el riesgo político
de las inversiones se incrementa conforme se está más cerca o dentro del
proceso electoral en el marco del ciclo político. Dicho riesgo lo tiene claro
Southern Perú, dueño del proyecto Tía María, además, tiene claro el enorme
riesgo económico y financiero que significaría ante sus accionistas el anuncio una
vez más de una nueva “pausa” del inicio de la construcción y ni pensar en una
cancelación luego de más de 15 años de imposición fallida por la resistencia
activa ante el proyecto por parte de más de 38 000 ciudadanos de los sectores
sociales agrarios y otros del valle de Tambo.
Southern, experta en lobby,
captura y chantaje empresarial: ha hecho explícito de manera permanente que
tiene previsto invertir 8500 millones de dólares en proyectos mineros como Tía
María, Ampliación de la fundición de Ilo, Los Chankas, Michiquillay y la
expansión de Cuajone y estaría en riesgo por el aún negado inicio de sus
operaciones. Asimismo, sabe que el momento político le es favorable dada la correlación
política favorable hacia arriba por parte del aparato gubernamental que lo
constituye en irrepetible: un autoritario y débil gobierno con un discurso
permanente de legitimación de sus intereses, ministerios y ministros de energía
y minas que se comportan como CEO empresarial de Southern (el rol de Rómulo Mucho
era explícito y mirando sus propios negocios empresariales, Montero se ha
constituido en vocero dándole continuidad a la línea institucional, y un Minam
que está reformando el SENACE para ponerlo a favor de los intereses
empresariales), un gobierno regional con una explícita legitimación de los
intereses de Southern, y gobiernos locales en Islay más o menos fracturados.
Este escenario político de
legitimación y consenso favorable al capital en la oficialidad estatal, pero de
resistencia permanente de una mayoría ante la violencia estatal y enorme riesgo
de destrucción de la diversidad del valle, ha llevado a Southern, por un lado, posconflicto
del 2019 y su anunciada “pausa”, a multiplicar desde el 2025 mecanismos ya
conocidos para conseguir la hasta ahora negada licencia social: 1)
intensificando el clientelaje por medio de la contratación por parte de
Southern de “más de 550 trabajadores” y capacitación de jóvenes en carreras
técnicas, y otros; 2) el asistencialismo por medio de apoyo con máquina
cosechadora de 3000 ha de arroz, fumigación de campos de cultivos, entrega de
fertilizantes, entrega de kits escolares, instalación de internet en las
escuelas, y entrega de regalos por Navidad y otros; 3) capturando las
organizaciones agrarias y creando otras a favor de un supuesto desarrollo con
la finalidad de legitimar su apoyo al proyecto en el valle de Tambo. Es decir, Southern
continúa dándole funcionamiento a la maquinaria política a nivel local para
conseguir la hasta ahora fallida legitimidad, por más que se inventen de manera
frecuente una mayoría inexistente que respalda el proyecto.
Mientras que, por otro lado, Southern
ha avanzado –en medio de la criminalización, fragmentación y debilitamiento de
la representación de los sectores agrarios en el valle– en constituir
condiciones estratégicas previas para la operación minera desde los permisos de
uso de agua ante el ANA, la construcción de presas y reservorios del agua del río
Tambo en convenio con Midagri y la construcción de la carretera Arequipa-Islay
para sus operaciones logísticas.
Entonces, el funcionamiento de
la maquinaria política local y la creación de condiciones para la operación del
proyecto minero se vienen desarrollando en el marco de una supuesta pausa por
el conflicto en el 2019 y que Southern se daba para conseguir la hasta ahora
negada licencia social. Por lo que el anuncio de la contratación de la empresa
Cosapi para realizar el desbroce del área del proyecto demuestra una vez más
que la “pausa” era parte de la estrategia política de la corporación, que no
solo hasta ahora no ha conseguido la licencia social, sino tiene EIA
desactualizado, y quiere imponer el proyecto minero pese a la oposición de 95 %
de la población local, las violaciones de derechos humanos, los enormes impactos
políticos y sociales y el inmerso riesgo ambiental y económico que significa
realizar una versión en un valle extensamente productivo y biodiverso.
