El Tribunal Constitucional peruano y su debida diligencia✴
J. Gamarra
I was born on the prairie
and the milk of its wheat, the red of its clover, the eyes of its women, gave
me a song and a slogan.
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Carl Sandburg
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Intro
No
sorprende que la ley y el ordenamiento jurídico estén de parte de los poderosos
en esta parte del mundo como en la época de la República Aristocrática
(1895-1919). Los magistrados peruanos del Tribunal Constitucional (TC)
defienden el statu quo y el rule of law. Obviamente, este sacrosanto
orden está de espaldas a las comunidades e individuos auténticos, subordinados
a los mandatos de los grupos de poder económico. Una asimetría impresionante de
poder es desplegada mientras el Estado se convierte en un simple promotor y
administrador de los negocios de la empresa privada.
Shareholders vs. stakeholders
Manuel
Miranda Canales, Marianella Ledesma Narváez, Oscar Urviola Hani, Ernesto Blume
Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Sardón de Taboada y Eloy Espinosa-Saldaña
Barrera se han convertido de facto en accionistas de la empresa Yanacocha.
Deberían agradecer al cielo pues se trata de una empresa altamente rentable.
El
TC ha declarado fundada la demanda de amparo interpuesta por la Minera Yanacocha
contra la Municipalidad Provincial de San Pablo (Cajamarca) (STC Exp.N°
03932-2015-PA/TC (05/06/2017)). Yanacocha alegó amenaza cierta e inminente de
una serie de derechos, ante las concesiones dadas a su favor.
A
través de la demanda, la minera solicitó la inaplicación de la Ordenanza
Municipal 005-2007 -MPSP, la cual creaba Áreas de Conservación Ambiental en las
zonas llamadas Las Lagunas y Pozo Seco, predios-concesión a favor de Yanacocha.
Al respecto, la emplazada contesta, expresando que tales zonas son cabeceras de
cuenca que abastecen de agua a la provincia y todos los afluentes del río
Jequetepeque. Además, albergan un ecosistema paisajístico, por lo que su
zonificación es de protección y conservación ecológica, conforme al Reglamento
de Zonificación Económica y Ecológica aprobado mediante Decreto Supremo
087-2004-PCM.
El
TC advierte que la facultad de las municipalidades para crear áreas naturales
protegidas no está reconocida ni en la Constitución, ni en ninguna ley;
señalando que esta labor corresponde únicamente al Poder Ejecutivo, mediante
decreto supremo o resolución ministerial. Para los inefables magistrados, es
inadmisible que, a través de un decreto supremo, el Poder Ejecutivo asigne a
los gobiernos locales competencias que no están reconocidas a su favor,
resultando contrario al principio de reserva de ley previsto. En virtud de ello, el Colegiado declara que
sí existe una afectación a los derechos alegados por el actor, pues se
restringió el uso de las tierras concesionadas a favor de la minera, sin base
constitucional ni legal que lo autorice.
Pero
este despliegue de leguleyada y formalismo jurídico es completamente
reaccionario. En otras palabras, los magistrados y shareholders de Yanacocha van en contra de la tendencia histórica.
El 22 de junio de 2017, se publicó en El
Peruano la Ley 30588, Ley de reforma constitucional que reconoce el derecho
de acceso al agua potable como derecho constitucional. No queremos caer en un
razonamiento circular, sin embargo el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos hoy es una realidad y la normativa internacional que protege a las
comunidades y a los individuos de las tropelías empresariales puede ser
esgrimida por estos. Los mandamases empresariales no pueden ignorar esta
situación ni soslayar instrumentos valiosos como el Convenio 169 de la OIT, la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), así como
el Informe del Representante Especial del Secretario General de la ONU (2008),
que señala que la debida diligencia es "aquel conjunto de medidas que debe tomar una empresa para
tener conocimiento, prevenir y responder a los efectos negativos que su
actuación produce sobre los derechos humanos”[1].
Claramente, esto se refiere a las externalidades negativas de mercado.
En
un muy interesante artículo sobre diseño de los contratos de asociaciones
público privadas, José Cárcamo Cárcamo nos indica que una empresa transnacional
que asume el rol de concesionaria debe contar con el know-how, expertise y
tecnología adecuados que le permitan mitigar los riesgos intrínsecos del
proyecto con relación a la cadena de valor. De esta forma, si nos referimos a
las empresas concesionarias: “Dado que tienen la libertad de diseñar, elegir y
optimizar el uso de recursos, y maximizar la generación de ingresos también se
les traslada la responsabilidad de mitigar los riesgos del proyecto en lo que
compete a su expertise y capacidad
(riesgos de mercado, financieros, de construcción, de operación,
medioambientales), así como de contratar seguros y otros mecanismos para otros
riesgos como fuerza mayor, riesgo político, etc.”[2].
Ciertamente, esto pasa por tener en cuenta a todos los stakeholders involucrados, incluso y sobre todo a los ciudadanos de
las poblaciones comprendidas en el proyecto final.
Para qué Responsabilidad Social Empresarial
Sería
deseable saber qué piensa la empresa Yanacocha, junto con uno de sus
principales accionistas, Compañía de Minas Buenaventura S.A.A., del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas, de 1999[3], cuyo
fin es conciliar los intereses de las empresas, con los valores y demandas de
la sociedad civil, teniendo como contexto la globalización. Esta iniciativa,
que cuenta con más de 8000 empresas participantes, se basa en diez principios,
dos de los cuales se relacionan directamente con la sostenibilidad ambiental y
señalan que las "empresas deberán mantener un enfoque preventivo que
favorezca el medio ambiente" (principio 7), así como "fomentar las
iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental" (principio
8).
Si
los gobiernos locales no pueden asumir el rol subsidiario y de garantes de la
salud de sus propios contribuyentes y ciudadanos, entonces asistiremos al
resurgimiento del Estado policial y prepotente de siempre. Los acontecimientos
ocurridos en el 2015 en el valle de Tambo, Arequipa, donde la empresa Southern
ha extendido su inmensa maquinaria simbólica y de poder sobre los “espartambos”,
nos demuestran que existe una alianza tácita entre el Estado peruano y los
grupos de poder económico[4]. Para el
profesor Francisco Durand, vivimos una democracia enteramente formal, pues
“si bien
se realizan elecciones
limpias y libres,
se mantiene la alianza o relación
estrecha de poder entre las grandes corporaciones y el Estado,
que se manifiesta
principalmente en las
relaciones que tienen con
el presidente, el
MEF y los
ministerios económicos, y
en el patrón
de nombramientos en puestos importantes”[5]. Durand
es certero cuando señala que la Confiep, el Instituto Peruano de Economía (think tank de las élites económicas
locales), el Grupo El Comercio y los tecnócratas favorables al “libre mercado”
han logrado “definir una agenda y las prioridades del Estado”[6].
Desde
nuestra perspectiva, los tecnócratas que hablan de “libre mercado”
definitivamente defienden cualquier entelequia menos la libertad. Un estatista
mercantilista, por muy tecnócrata que sea, está en las antípodas de un
libertario, para quien: “In a market anarchist society, law and security would
be provided by market actors instead of political institutions”[7].
El
epítome de esta alianza “natural” es la Ley 30230, Ley que establece medidas
tributarias, simplificación de procedimientos y permisos para la promoción y
dinamización de la inversión del país, publicada el 12 de julio de 2014. No es
un secreto para nadie que los verdaderos gestores de esta ley son los poderes
fácticos representados por la Confiep, el IPE, etc. Para Durand, los sujetos
afectados son las mismas poblaciones subordinadas históricamente. Todo en aras
del “libre mercado” y la libertad de empresa: “Esta norma
facilita la concesión
de grandes extensiones territoriales a las empresas
extractivas, poniendo como prioridad la propiedad de las empresas privadas y
afectando negativamente a los pueblos indígenas. Esta norma
contradice el artículo
14.1 del Convenio
169 de la
Organización Internacional
del Trabajo (OIT),
en el cual
se considera que
la ocupación territorial de los
pueblos indígenas equivale a un título de propiedad”[8].
Este
orden de cosas es el que defienden los honorables magistrados. Definitivamente,
no tiene ninguna relación con un verdadero mercado libre defendido por
libertarios como Samuel Edward Konkin III, Gary Chartier y Kevin Carson para
quien “en realidad los mercados libres son el enemigo del poder corporativo”. Esto se clarifica en el New Libertarian Manifesto, de Samuel
Edward Konkin III, en el cual se traza el probable escenario para una sociedad
libertaria: “division of labor and self-respect of each worker-capitalist entrepreneur
will probably eliminate the traditional business organization – especially the
corporate hierarchy, an imitation of the State and not the Market. Most companies
will be associations of independent contractors, consultants, and other companies.
Many may be just one entrepreneur and all his services, computers, suppliers
and customers. This mode of operation is already around and growing in the freer
segments of Western economies”[9].
Para
los grandes empresarios y financistas, hoy en día el Estado es un aliado
natural. Mientras más privilegios puedan obtener de este, tanto mejor. Los
medios para lograrlo son lo de menos. El gobierno autoritario de Fujimori hizo
hábiles componendas que algunos banqueros y empresarios poderosos quisieran
soslayar. Para un libertario como Gary Chartier “los mercados que tenemos ahora
no son libres. Están distorsionados por privilegios garantizados por el estado
de todo tipo de formas diferentes”[10]. Los
cárteles son una muestra del poder de las grandes empresas para maximizar sus
beneficios en un supuesto “mercado libre”. Las entidades reguladoras están definitivamente
“atadas de manos”.
Conclusión
Si
los mismos individuos y las comunidades no pueden trazar su propio destino en
consonancia con una autodeterminación y autonomía, de poco ha servido tanta
revolución a lo largo de la historia moderna. Los intereses corporativos de las
empresas transnacionales (business power) no se condicen con el respeto a una cosmovisión y
logos particulares, que tienen en el ayni, la minka y la veneración a la
Pachamama sus principales valores. Si
existe una alianza tácita entre el Estado y el implacable poder corporativo, es
perfectamente posible que los defensores de la ley y del ordenamiento jurídico
lo sean también de los intereses
de las transnacionales. Salvo mejor parecer.
[1] ONU.
“Proteger, respetar y remediar: un marco para las actividades
empresariales y los derechos humanos”. Informe del Representante Especial del
Secretario General sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas
transnacionales y otras empresas comerciales, John Ruggie, A/HRC/8/5, de 7 de
abril de 2008, párrafo 56. Disponible en: <http://www.escr-net.org/sites/default/files/Ruggie_2008InformeEDH_esp.pdf>.
[2] CÁRCAMO CÁRCAMO, José. “El diseño e
interpretación de los contratos de asociaciones público privadas”.
En: Administración
Pública & Control. Nº 42, Lima, junio 2017, p. 7.
[4] Véase el
exhaustivo trabajo del sociólogo de la
Universidad Nacional Mayor de San Marcos José Lapa Romero sobre la nefasta
actividad de la empresa Southern en el valle de Tambo, Arequipa, en alianza
estratégica con el Estado peruano: LAPA ROMERO, José. Lo que los ojos no ven. Arteidea, Lima, 2017.
[5] DURAND, Francisco. Cuando el poder extractivo captura el Estado.
Oxfam, Lima, 2016, p. 30.
[6] Ibídem,
p. 49.
[7] http://agorism.info/
[8] DURAND,
Francisco. Ob. cit., p. 63.
[9] Disponible
en: http://agorism.info/docs/NewLibertarianManifesto.pdf.
[10] Véase el blog Mutualismo. Libre mercado anticapitalista:
http://www.mutualismo.org/gary-chartier-nos-presenta-markets-not-capitalism/
Ya empiezan a sonar las voces de la esquizofrenia comercial que nos inducen a festejar la independencia del Perú que encubre cierta falacia histórica. Es el poder de la dominación que nos convierte en zombis por reflejo condicionado haciéndonos actuar a conveniencia de intereses ajenos. Felices Fiestas Patrias, repetirán también los oprimidos ancestrales para beneplácito de los opresores, sin percatarse que es una celebración del aciago día en que se perdieron las esperanzas de recuperar la genuina patria ancestral. Esa patria era el Tahuantinsuyo.
A diferencia de otros países en que logran su libertad recuperando el dominio sobre su territorio ancestral desalojando al invasor, ello no ocurrió con la independencia del virreinato del Perú ni con el continente entero. Los invasores se adueñaron del territorio que pertenecía a la población autóctona y usurparon sus derechos, suplantándola en todo. Muchos somos los beneficiarios de esta injusticia pero el que calla otorga. Sabemos que no es verdad lo que nos enseñan desde niños y sin embargo, lo permitimos y hasta participamos del engaño. Eso no es honesto.
La independencia del virreinato del Perú no es lo mismo que la emancipación de la patria. No era que al fin de tres siglos de dominación los opresores dejaban el Tahuantinsuyo. No, eso no. Era la independencia de los invasores, que se separaban de España, su madre patria. La libertad era solo para los colonialistas pero no para los nativos que siguieron siendo sus vasallos. Los supuestos próceres de la independencia eran los mismos opresores coloniales que se pusieron el ropaje de “patriotas” republicanos. Estos, siguieron siendo propietarios de esclavos capturados en África y vendidos como animales salvajes. Estos humanos también perdieron su patria y jamás pudieron regresar a ella.
Pero los esclavistas y señores feudales hablaban de libertad (la de ellos solamente y no de todos). Los opresores se sentían oprimidos frente a los españoles peninsulares ignorando cínicamente la opresión que ellos ejercían sobre la población nativa y sobre los esclavos. Solo ellos, los colonialistas, tenían derecho a llamarse peruanos pero no los aborígenes a los que llamaban simplemente “indios” o “naturales”. Toda referencia a peruanos en la guerra de independencia del virreinato, se sobreentendía que se estaba hablando de los españoles sudamericanos y no de los nativos.
Hasta mediados del siglo XIX, en el Perú continuaron vigentes las leyes españolas, el tributo indígena y la esclavitud. Aun hoy, se pueden ver en Cañete, las rancherías de negros esclavos en el fundo “Arona” de los descendientes del prócer terrateniente Hipólito Unanue, secretario del virrey y representante de los realistas en las tratativas de armisticio con los delegados de la Expedición Libertadora. No obstante ser del campo enemigo, este “prócer” pasó a gobernar y presidir la Junta Gubernativa de la República.
El idioma de los colonialistas dominadores fue declarado oficial en 1825, quedando de lado el idioma de la mayoría de la población, el quechua. El despojo de tierras de cultivo prosiguió con la república y las consiguientes rebeliones con derramamiento de sangre nativa. Los esclavos no fueron liberados por decreto de la república. Su libertad fue comprada por el Estado 33 años después de la independencia como si se tratara de un gran negocio para los esclavistas que recibieron el precio de cada uno de ellos, dando lugar a fraudes para obtener mayores montos de compensación. Los súbditos yanaconas de los señores feudales (gamonales) solo alcanzaron su independencia con la reforma agraria de Velasco.
Es verdad que no es bueno mirar el pasado con rencor. Pero tampoco ocultar la verdad histórica ni mantener latente las injusticias. No se pide venganza. No se pide discriminar a los discriminadores. El racismo es denigrante. Solo se pide compartir con equidad. El Perú es de todas las sangres se suele decir como una viveza para disimular una situación oprobiosa. Pero hay sangres con más derecho que otras y eso deberíamos reconocer. El derecho ancestral no debería ser sepultado.
En el Perú actual, las mayorías están bajo el dominio de una minoría. Los cholos mestizos constituyen la mayoría de la población, pero juntos con los que se consideran totalmente quechuas, aimaras y nativos de la selva suman el 80% de la población peruana, sin considerar los que han perdido el orgullo de su raza. Pero entonces, ¿por qué no permitir una mayor participación en las decisiones de gobierno a los peruanos ancestrales? Eso no está permitido en el régimen electoral vigente hecho a la medida de los dominadores.
Se ha avanzado bastante en materia de equidad sexual, pero nos falta mucho por avanzar en cuanto a equidad política como en equidad económica. Aún siguen gobernando y legislando los descendientes de Juan de la Torre, uno de los trece de la “Isla del Gallo”, como sucede en el actual Parlamento. Pero nunca es tarde para reivindicar lo nativo, con mayor derecho. Que no nos vengan con el contrabando de que Túpac Amaru II fue precursor de la independencia del Perú. No luchó por la independencia de sus opresores sino por liberar a sus compatriotas de la opresión de aquellos.
Muchos aborígenes tuvieron que refugiarse en la cordillera para huir de la mita colonial que obligaba a entregar la vida de un descendiente para que trabaje en la extracción mineral que era muerte segura. Se quedaron habitando allí durante la república como lugar seguro contra la extinción de la gente, hasta que aparecieron los terribles “mistis” depredadores de sus recursos naturales, con la misma ambición que los conquistadores, en complicidad con los gobernantes actuales. Ahora luchan por su suelo, por su agua, por su ecología, por sobrevivir ante el infortunio de una fatalidad histórica.
Entonces, es esos lugares, resulta humillante entonar el himno nacional oficial y desearles “Felices Fiestas Patrias” porque significa celebrar toda una historia de sufrimientos de la opresión que no se extingue. Ya ni siquiera se puede vivir tranquilo en la cordillera. La persecución ha llegado hasta el escondite histórico. Por su puesto, ellos no recibirán gratificaciones monetarias por Fiestas Patrias Eso no es para ellos dirán los dominadores.
Pero esta incomprensión está encarnada ya en nuestra cultura y hasta los izquierdistas como los de derecha miran al bicentenario de la independencia del virreinato del Perú, como una hazaña para celebrar a lo grande. Todo lo que se planea y se hace es “con miras al bicentenario”, olvidando las reivindicaciones ancestrales. ¿Por qué no aprovechar el bicentenario para reconocer por ley las reivindicaciones ancestrales traducidas en derechos ciudadanos? Por ejemplo: ¿Seguirá manteniéndose el veto para que los nativos no sean oficiales ni jefes de nuestras fuerzas armadas? ¿Seguirán sin derecho a cuotas de poder?
De más está decir que ni aun los más favorecidos por el sistema de dominación imperante podrán decir que somos libres verdaderamente. El país ha perdido su soberanía, no tenemos independencia económica y estamos sometidos a una legislación internacional arbitraria. No podemos ayudar a Cuba y a Venezuela sin ser castigados con represalias onerosas de facto. La lucha por la independencia real tendrá que continuar.
Es probable que lo dicho no sea aceptable por quienes tienen una visión distinta a la mía. Me disculpo por el atrevimiento. No siempre se tiene la razón y lo acepto. Pero mis convicciones se mantienen firmes en cuanto a la equidad necesaria para superar injusticias.
Julio 2017
A un año de gobierno de PPK:
Entre la profundización del capitalismo peruano y el juego de tronos en la política
José Lapa
Romero
En el Perú
nos encontramos a casi un año del cuarto gobierno “democrático”, posgobierno
autoritario fujimorista de los 90. Este gobierno viene atravesando su cuarto momento
de tensión, “crisis” y “escándalo” político que se ha vuelto extendido denominarle
“crisis política”. Sin embargo, como buenos ciudadanos escépticos tenemos que
preguntarnos de qué crisis política estamos hablando, y qué consecuencias
políticas tiene seriamente sobre la economía, la política y sobre nuestra vida
como ciudadanos y ciudadanas, o si solo es parte del espectáculo político
peruano. Porque hasta ahora lo que hemos visto es un campo económico donde se
sigue profundizando nuestro precario capitalismo rentista, privilegiado y
desregulado que favorece fundamentalmente a la clase empresarial (en paralelo a
las otras grandes economías de las clases populares, ignorada por el Estado
capitalista peruano, conformada por millones de cachueleros,
ambulantes, taxistas, mototaxistas, micro y pequeños empresarios, campesinos,
etc.) y sobre el que la disputa política es casi inexistente; por el contrario,
de profundo consenso entre partidos de derecha, medios de comunicación
concentrados y sectores empresariales; y la disputa en el campo político, que
se da dentro de las instituciones del sistema político representativo y no en
las calles (aunque los docentes nos dan indicios de esperanza), por el trono
entre un gobierno que muestra serias debilidades para gobernar y un no-gobierno
fujimorista (pero con mayoría en el Congreso) que permanentemente da muestras
de su poder (y que aún se resiste a entender que no es gobierno), y una
“izquierda” fragmentada y débil que no ha tenido y probablemente no tendrá
capacidad de disputar los 27 años de hegemonía neoliberal.
I. EL
CAPITALISMO PERUANO DEPENDIENTE, RENTISTA Y PRIVILEGIADO
En el Perú
desde los 90 las reformas neoliberales promovidas desde el Estado han
configurado en el país un campo económico capitalista anclado fundamentalmente en
actividades primarias exportadoras (minero, gasífero, agroexportación, etc.), y
una estructura de poder hegemónico y dominación donde los gremios empresariales
(CONFIEP y SNMPE) han cobrado un poder sobre el Estado nunca antes imaginado, y
un Estado capitalista en relación de dependencia relativa de los intereses del
capital. Capitalismo peruano que se ha desarrollado y ha convivido con el
régimen autoritario fujimorista y los regímenes “democráticos” de Toledo,
García, Humala y Kuczynski que han tendido y tienden a usar la fuerza y la
coerción cuando las bases del capitalismo peruano se han visto en cuestión en
situaciones de conflicto: Tambogrande, Bagua, Espinar, Conga, Tía María y otros.
El
capitalismo en el Perú ha tenido la
capacidad de hacer los intereses del capital los intereses del Estado y los
intereses del Estado los intereses del capital. Además, este capitalismo
rentista, privilegiado y desregulado se ha estructurado incluyendo a pequeños
sectores económicos vinculados fundamentalmente al sector minero,
agroexportador, y la banca; y excluyendo (o teniendo vínculos débiles) a las
otras economías de las clases populares, ignorada permanentemente por el Estado
capitalista peruano, conformada por millones de cachueleros, ambulantes,
taxistas, mototaxistas, micro y pequeños empresarios, jornaleros agrícolas, campesinos,
etc.
Los sucesivos
gobiernos democráticos y el actual gobierno en el poder, ese capitalismo
dependiente peruano –en el marco de la delegación de facultades, y por lo tanto
la emisión de los denominados “paquetazos normativos”, y decisión política– se viene
profundizándose, no necesariamente para el beneficio de las mayorías, bajo el
argumento de la “reactivación económica”, “destrabar la inversión”,
“tramitología” y el excesivo burocratismo, generando: 1) condiciones legales
para acceder al control y explotación de los recursos naturales, y en esa
dirección va el Decreto Legislativo N° 1333; 2) “simplificar” la evaluación de
los Estudios de Evaluación Ambiental tal como se establece en el RM
169-2017-MEM/DM, y; 3) legitimar y crear condiciones para la inversión a través
de la inversión estatal para desarrollar intereses privados y en esa dirección
va el Decreto Legislativo N° 1334 que crea el fondo de adelanto social que
tiene el objetivo político de “financiar programas, proyectos y/o actividades
orientados a cerrar o reducir brechas sociales en espacios geográficos donde se
desarrollarán diversas actividades económicas”[1].
Este marco normativo está dirigido fundamentalmente a profundizar el
capitalismo primario exportador y contener los conflictos sociales a partir de
la acción de inversión del Estado con dinero de todos los peruanos. En
síntesis, el capitalismo peruano dependiente de la explotación minera requiere
tener control sobre los territorios (tierra y agua) sin mayor oposición, mano
de obra con derechos recortados (sin derechos sería el paraíso) y esa es la dirección
que seguirá impulsando el gobierno de PPK, porque parafraseando a su ministro
de trabajo, “el nivel de 850 soles es adecuado para el nivel que vivimos”, lo
que refleja que la orientación del gobierno no es ni será seriamente a favor de
los intereses de las clase populares sino de los intereses de la clase
empresarial.
II. CRISIS POLITICA, JUEGO DE TRONOS Y ESPECTÁCULO POLÍTICO
En el campo político en el Perú vivimos una
crisis política estructural. Los partidos políticos están en crisis terminal,
los ciudadanos distantes y desencantados de la política, la corrupción
atraviesa el Estado y cada gobierno elegido, y los movimientos sociales están debilitados
y fragmentados. El sistema político peruano funciona sin estructuras
partidarias, sin identidades y ciudadanos, y sí con mucho clientelismo y con
aristocracias políticas, y la democracia representativa reproduce el sistema
político que reproduce y profundiza el capitalismo peruano y el orden de
privilegios en el Perú.
Dentro de ese escenario el actual gobierno
viene atravesando su cuarto momento de tensión, “crisis” y “escándalo” político
–la delegación de facultades casi al iniciar gobierno; el asesor de gobierno
negociando servicios de salud dado que “esa es nuestra mina de oro. No sabes la
cantidad de plata que vamos a ganar” ; la interpelación y censura del ministro
de educación principalmente por el sector mayoritario fujimorista del congreso
dado que “juntos somos una fuerza invencible” de acuerdo a uno de sus
representantes más conspicuos, Héctor Becerril; la influencia política de la
alta jerarquía política del gobierno en el caso Chincheros dado que según el
exministro de economía, “si pasa chinchero nos va bien, si se baja chinchero,
nos va pero mal”, y que involucra al presidente de la república, presidente del
consejo de ministros, ministros y al contralor de la república– que le viene
denominando “crisis política”. Sin embargo, esta “crisis política” no pone en
cuestión la política económica pero muestra una triple dimensión sobre el cual
tenemos que tener claridad los ciudadanos y las ciudadanas, para no dejarnos
envolver con el espectáculo político. Primero, la correlación de fuerzas pos
electoral puso en el reinado (gobierno) a una fuerza política de derecha
clientelar y mandó al reino de los reyezuelos (Congreso) a la fuerza política
de derecha autoritaria clientelar (que aún no se asume como tal), escenario que
se ha desplegado en permanente tensión y ha dejado heridos y chamuscados
(ministros y asesores), pero cuya disputa política no ha tenido mayor efecto y
no pone en cuestión las bases del capitalismo peruano. Segundo, lo cierto es
también que este gobierno es débil, no tiene partido fuerte, no tiene
organizaciones sociales en la base (aunque si clientelas que buscan y han
tomado las instituciones del Estado), ni en el Congreso, sin embargo, avanza en
la profundización del capitalismo rentista y privilegiado en el Perú; y está
atravesado de algo no exclusivo relacionado a la práctica de corrupción y el
alineamiento de los intereses del Estado a los intereses del empresariado.
Tercero, muestra algo que nos debiese poner en un escenario de realismo puro a
los ciudadanos y es estructural en el Perú: los intereses del Estado y del
gobierno de derecha actual son los intereses del capital. Por lo que el
relacionamiento con los sectores populares que constituyen los millones de la
economía peruana (ambulantes, moto taxistas, taxistas, campesinos, pequeños
productores, micro y pequeños empresarios, etc.) débilmente articulados al
capitalismo peruano, no son parte de las grandes decisiones que se toman y
tomarán en los próximos años.
No
obstante la “crisis política” y el escándalo político, el Perú sigue creciendo
y la bolsa de valores no se ha caído. Por lo que nuestra vida continúa tan
rutinaria como antes del cambio de gobierno, aunque no quieren hacer creer que
estamos viviendo una debacle inexistente. En
el Perú la economía funciona en piloto automático y la política también. En
todo caso la crisis política hay que verlo en tanto profundiza el desencanto de
los ciudadanos respecto de la política que se ha vuelto un espectáculo político
donde así como en juego de tronos son los reyezuelos de la democracia
representativa cuya representados no existen, no tienen rostro y en el fondo no
importan seriamente.
Lo que la
política y la representación política debiese poner en cuestión y disputa es
sobre si es conveniente para el país que el capitalismo peruano se siga produciendo
y reproduciendo en condiciones de privilegios económicos, tributarios y
ambientales; la acumulación a través del cholo barato; y flexibilización de
controles ambientales.
[1] EL PERUANO. Fondo de Adelanto Social. DL
N° 1224. 6 de enero de 2017. Consulta: 2 de junio de 2017 <http://busquedas.elperuano.
com.pe/ normaslegales/decreto-legislativo-que-crea-el-fondo-de-adelanto-social-decreto-legislativo-n-1334-1471011-6/>
La patria perdida
Milcíades Ruiz
Ya empiezan a sonar las voces de la esquizofrenia comercial que nos inducen a festejar la independencia del Perú que encubre cierta falacia histórica. Es el poder de la dominación que nos convierte en zombis por reflejo condicionado haciéndonos actuar a conveniencia de intereses ajenos. Felices Fiestas Patrias, repetirán también los oprimidos ancestrales para beneplácito de los opresores, sin percatarse que es una celebración del aciago día en que se perdieron las esperanzas de recuperar la genuina patria ancestral. Esa patria era el Tahuantinsuyo.
A diferencia de otros países en que logran su libertad recuperando el dominio sobre su territorio ancestral desalojando al invasor, ello no ocurrió con la independencia del virreinato del Perú ni con el continente entero. Los invasores se adueñaron del territorio que pertenecía a la población autóctona y usurparon sus derechos, suplantándola en todo. Muchos somos los beneficiarios de esta injusticia pero el que calla otorga. Sabemos que no es verdad lo que nos enseñan desde niños y sin embargo, lo permitimos y hasta participamos del engaño. Eso no es honesto.
La independencia del virreinato del Perú no es lo mismo que la emancipación de la patria. No era que al fin de tres siglos de dominación los opresores dejaban el Tahuantinsuyo. No, eso no. Era la independencia de los invasores, que se separaban de España, su madre patria. La libertad era solo para los colonialistas pero no para los nativos que siguieron siendo sus vasallos. Los supuestos próceres de la independencia eran los mismos opresores coloniales que se pusieron el ropaje de “patriotas” republicanos. Estos, siguieron siendo propietarios de esclavos capturados en África y vendidos como animales salvajes. Estos humanos también perdieron su patria y jamás pudieron regresar a ella.
Pero los esclavistas y señores feudales hablaban de libertad (la de ellos solamente y no de todos). Los opresores se sentían oprimidos frente a los españoles peninsulares ignorando cínicamente la opresión que ellos ejercían sobre la población nativa y sobre los esclavos. Solo ellos, los colonialistas, tenían derecho a llamarse peruanos pero no los aborígenes a los que llamaban simplemente “indios” o “naturales”. Toda referencia a peruanos en la guerra de independencia del virreinato, se sobreentendía que se estaba hablando de los españoles sudamericanos y no de los nativos.
Hasta mediados del siglo XIX, en el Perú continuaron vigentes las leyes españolas, el tributo indígena y la esclavitud. Aun hoy, se pueden ver en Cañete, las rancherías de negros esclavos en el fundo “Arona” de los descendientes del prócer terrateniente Hipólito Unanue, secretario del virrey y representante de los realistas en las tratativas de armisticio con los delegados de la Expedición Libertadora. No obstante ser del campo enemigo, este “prócer” pasó a gobernar y presidir la Junta Gubernativa de la República.
El idioma de los colonialistas dominadores fue declarado oficial en 1825, quedando de lado el idioma de la mayoría de la población, el quechua. El despojo de tierras de cultivo prosiguió con la república y las consiguientes rebeliones con derramamiento de sangre nativa. Los esclavos no fueron liberados por decreto de la república. Su libertad fue comprada por el Estado 33 años después de la independencia como si se tratara de un gran negocio para los esclavistas que recibieron el precio de cada uno de ellos, dando lugar a fraudes para obtener mayores montos de compensación. Los súbditos yanaconas de los señores feudales (gamonales) solo alcanzaron su independencia con la reforma agraria de Velasco.
Es verdad que no es bueno mirar el pasado con rencor. Pero tampoco ocultar la verdad histórica ni mantener latente las injusticias. No se pide venganza. No se pide discriminar a los discriminadores. El racismo es denigrante. Solo se pide compartir con equidad. El Perú es de todas las sangres se suele decir como una viveza para disimular una situación oprobiosa. Pero hay sangres con más derecho que otras y eso deberíamos reconocer. El derecho ancestral no debería ser sepultado.
En el Perú actual, las mayorías están bajo el dominio de una minoría. Los cholos mestizos constituyen la mayoría de la población, pero juntos con los que se consideran totalmente quechuas, aimaras y nativos de la selva suman el 80% de la población peruana, sin considerar los que han perdido el orgullo de su raza. Pero entonces, ¿por qué no permitir una mayor participación en las decisiones de gobierno a los peruanos ancestrales? Eso no está permitido en el régimen electoral vigente hecho a la medida de los dominadores.
Se ha avanzado bastante en materia de equidad sexual, pero nos falta mucho por avanzar en cuanto a equidad política como en equidad económica. Aún siguen gobernando y legislando los descendientes de Juan de la Torre, uno de los trece de la “Isla del Gallo”, como sucede en el actual Parlamento. Pero nunca es tarde para reivindicar lo nativo, con mayor derecho. Que no nos vengan con el contrabando de que Túpac Amaru II fue precursor de la independencia del Perú. No luchó por la independencia de sus opresores sino por liberar a sus compatriotas de la opresión de aquellos.
Muchos aborígenes tuvieron que refugiarse en la cordillera para huir de la mita colonial que obligaba a entregar la vida de un descendiente para que trabaje en la extracción mineral que era muerte segura. Se quedaron habitando allí durante la república como lugar seguro contra la extinción de la gente, hasta que aparecieron los terribles “mistis” depredadores de sus recursos naturales, con la misma ambición que los conquistadores, en complicidad con los gobernantes actuales. Ahora luchan por su suelo, por su agua, por su ecología, por sobrevivir ante el infortunio de una fatalidad histórica.
Entonces, es esos lugares, resulta humillante entonar el himno nacional oficial y desearles “Felices Fiestas Patrias” porque significa celebrar toda una historia de sufrimientos de la opresión que no se extingue. Ya ni siquiera se puede vivir tranquilo en la cordillera. La persecución ha llegado hasta el escondite histórico. Por su puesto, ellos no recibirán gratificaciones monetarias por Fiestas Patrias Eso no es para ellos dirán los dominadores.
Pero esta incomprensión está encarnada ya en nuestra cultura y hasta los izquierdistas como los de derecha miran al bicentenario de la independencia del virreinato del Perú, como una hazaña para celebrar a lo grande. Todo lo que se planea y se hace es “con miras al bicentenario”, olvidando las reivindicaciones ancestrales. ¿Por qué no aprovechar el bicentenario para reconocer por ley las reivindicaciones ancestrales traducidas en derechos ciudadanos? Por ejemplo: ¿Seguirá manteniéndose el veto para que los nativos no sean oficiales ni jefes de nuestras fuerzas armadas? ¿Seguirán sin derecho a cuotas de poder?
De más está decir que ni aun los más favorecidos por el sistema de dominación imperante podrán decir que somos libres verdaderamente. El país ha perdido su soberanía, no tenemos independencia económica y estamos sometidos a una legislación internacional arbitraria. No podemos ayudar a Cuba y a Venezuela sin ser castigados con represalias onerosas de facto. La lucha por la independencia real tendrá que continuar.
Es probable que lo dicho no sea aceptable por quienes tienen una visión distinta a la mía. Me disculpo por el atrevimiento. No siempre se tiene la razón y lo acepto. Pero mis convicciones se mantienen firmes en cuanto a la equidad necesaria para superar injusticias.
Julio 2017
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