Tía María y la hegemonía empresarial

 

TÍA MARÍA:  CICLO POLÍTICO, RIESGO EMPRESARIAL E IMPOSICIÓN DE UNA INVERSIÓN ILEGÍTIMA

 

José Antonio Lapa Romero

antonioromero99@yahoo.com

 

En el Perú el riesgo político de las inversiones se incrementa conforme se está más cerca o dentro del proceso electoral en el marco del ciclo político. Dicho riesgo lo tiene claro Southern Perú, dueño del proyecto Tía María, además, tiene claro el enorme riesgo económico y financiero que significaría ante sus accionistas el anuncio una vez más de una nueva “pausa” del inicio de la construcción y ni pensar en una cancelación luego de más de 15 años de imposición fallida por la resistencia activa ante el proyecto por parte de más de 38 000 ciudadanos de los sectores sociales agrarios y otros del valle de Tambo.

Southern, experta en lobby, captura y chantaje empresarial: ha hecho explícito de manera permanente que tiene previsto invertir 8500 millones de dólares en proyectos mineros como Tía María, Ampliación de la fundición de Ilo, Los Chankas, Michiquillay y la expansión de Cuajone y estaría en riesgo por el aún negado inicio de sus operaciones. Asimismo, sabe que el momento político le es favorable dada la correlación política favorable hacia arriba por parte del aparato gubernamental que lo constituye en irrepetible: un autoritario y débil gobierno con un discurso permanente de legitimación de sus intereses, ministerios y ministros de energía y minas que se comportan como CEO empresarial de Southern (el rol de Rómulo Mucho era explícito y mirando sus propios negocios empresariales, Montero se ha constituido en vocero dándole continuidad a la línea institucional, y un Minam que está reformando el SENACE para ponerlo a favor de los intereses empresariales), un gobierno regional con una explícita legitimación de los intereses de Southern, y gobiernos locales en Islay más o menos fracturados.

Este escenario político de legitimación y consenso favorable al capital en la oficialidad estatal, pero de resistencia permanente de una mayoría ante la violencia estatal y enorme riesgo de destrucción de la diversidad del valle, ha llevado a Southern, por un lado, posconflicto del 2019 y su anunciada “pausa”, a multiplicar desde el 2025 mecanismos ya conocidos para conseguir la hasta ahora negada licencia social: 1) intensificando el clientelaje por medio de la contratación por parte de Southern de “más de 550 trabajadores” y capacitación de jóvenes en carreras técnicas, y otros; 2) el asistencialismo por medio de apoyo con máquina cosechadora de 3000 ha de arroz, fumigación de campos de cultivos, entrega de fertilizantes, entrega de kits escolares, instalación de internet en las escuelas, y entrega de regalos por Navidad y otros; 3) capturando las organizaciones agrarias y creando otras a favor de un supuesto desarrollo con la finalidad de legitimar su apoyo al proyecto en el valle de Tambo. Es decir, Southern continúa dándole funcionamiento a la maquinaria política a nivel local para conseguir la hasta ahora fallida legitimidad, por más que se inventen de manera frecuente una mayoría inexistente que respalda el proyecto.

Mientras que, por otro lado, Southern ha avanzado –en medio de la criminalización, fragmentación y debilitamiento de la representación de los sectores agrarios en el valle– en constituir condiciones estratégicas previas para la operación minera desde los permisos de uso de agua ante el ANA, la construcción de presas y reservorios del agua del río Tambo en convenio con Midagri y la construcción de la carretera Arequipa-Islay para sus operaciones logísticas.

Entonces, el funcionamiento de la maquinaria política local y la creación de condiciones para la operación del proyecto minero se vienen desarrollando en el marco de una supuesta pausa por el conflicto en el 2019 y que Southern se daba para conseguir la hasta ahora negada licencia social. Por lo que el anuncio de la contratación de la empresa Cosapi para realizar el desbroce del área del proyecto demuestra una vez más que la “pausa” era parte de la estrategia política de la corporación, que no solo hasta ahora no ha conseguido la licencia social, sino tiene EIA desactualizado, y quiere imponer el proyecto minero pese a la oposición de 95 % de la población local, las violaciones de derechos humanos, los enormes impactos políticos y sociales y el inmerso riesgo ambiental y económico que significa realizar una versión en un valle extensamente productivo y biodiverso.

 

Roba, pero hace obras

 NO IMPORTA QUE ROBE CON TAL DE QUE HAGA OBRAS: LA NATURALIZACIÓN DE LA CORRUPCIÓN EN LA COTIDIANIDAD DE LA VIDA PERUANA

 

Durante el 2024 el Perú se ubicó en el puesto 127 del ranking global (de 180 países), y alcanzó la puntuación de 31 (0 significa altamente corrupto y 100 significa muy limpio) en el índice de percepción de corrupción[1]. Mientras que en el país el 57 % de ciudadanos considera la corrupción como el segundo principal problema que nos afecta, y a nivel de tolerancia, el 55 % de los ciudadanos tolera a nivel medio la corrupción y el 13 % a nivel alto relacionada a, por ejemplo, que una autoridad elegida entregue contratos de grandes obras públicas, que un parlamentario promueva leyes a favor de quienes financiaron su campaña política, o evadir impuestos si sabe que no lo descubrirán[2].

Estos datos duros se expresan en la vida cotidiana en la frase muy extendida en los ciudadanos con relación al funcionamiento de la institucionalidad estatal a nivel nacional, regional y local: “No importa que robe con tal que haga obras”. Esta frase evidencia, por un lado, el carácter sistémico, sistemático y profundo de la corrupción en la institucionalidad estatal, ya que “robar”, entendido como apropiarse de manera ilícita de dinero público, se ha vuelto parte de la cotidianidad, práctica e imaginario normalizado en la inversión y gestión pública estatal que expresa el uso privado, patrimonial y corrupto que se hace de las estructuras y el dinero público a través de mecanismos extendidos y normalizados como el famoso diezmo que pagan una mayoría de “empresas proveedoras” del Estado para acceder a la ejecución de obras públicas (y otros tipos de contratos), corrompiendo, “aceitando” y haciendo “eficaz” las decisiones a favor de intereses privados por parte de funcionarios públicos (en algunas regiones llega a más de 20 %).  Esto escapa al control del mismo Estado —esto se intensifica en un escenario donde la Contraloría se encuentra debilitada—, debilitando la institucionalidad estatal e incrementando la desconfianza pública.

Por otro lado, evidencia la naturalización y la tolerancia a la corrupción por parte de los ciudadanos porque “no importa que robe, sino que haga obras”. Así, la inversión pública concreta, aunque corrupta, más allá de la calidad y eficacia de la inversión, se transforma en una respuesta y aceptación desesperada dada la demanda legítima de la ciudadanía, a nivel regional y local, que vive realidades de enormes brechas de inversión e infraestructura pública de calidad y que están mediadas por prácticas de soborno, negociación incompatible y en general de corrupción por parte de funcionarios y tecnocracias especializadas en “escuelas de gestión pública”, que vienen usando las estructuras y el dinero público para ponerlo a disposición de intereses privados y conformando mafias que se disfrazan de tecnócratas que conocen la administración pública; pero hacen un uso corrupto de la institucionalidad para desfalcar al Estado.

Entonces, mientras la política sea un negocio, el Estado un botín y el cargo público un medio de apropiación ilícita y corrupta del dinero público —y no de servicio para el bien común— en medio de niveles incrementales de tolerancia, en nuestra cotidianidad peruana seguiremos preñados de hechos como que en las elecciones se “invierte y en el cargo se tiene que recuperar lo invertido”, la extorsión a través de “mochar los sueldos de los servidores públicos”, el pago de cuotas dinerarias a cambio de un “empleo”, la compra de cargos a cambio de miles de soles para acceder a puestos de dirección o no importa que robe con tal de que haga obras.

Cambiar esta realidad, darle un giro radical a la política y al Estado para ponerlo realmente al servicio de sus ciudadanos que viven diariamente es un enorme reto.

 

Sociólogo José Antonio Lapa Romero

 

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[1] Transparency International. Índice de percepción de la corrupción. Disponible en: https://www.transparency.org/en/cpi/2024/index/per

[2] Proetica. XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022. Disponible en: https://www.dropbox.com/scl/fi/nhvmt5xe9sfnuxpf46eo6/Encuesta-Pro-tica-2022.pdf?rlkey=naem8igtvqs5f4d3t7l5ufe6r&e=1&dl=0

https://es.wikipedia.org/wiki/Al_Capone#/media/Archivo:Al_Capone-around_1935.jpg

Castillo, ¿el presidente del pueblo?

 

PEDRO DEL PUEBLO, EL CONGRESO DE NADIE Y LA RULETA RUSA ELECTORAL

 

En redes sociales y otros espacios es común escuchar la frase “Pedro Castillo es el presidente del pueblo” y que habría sido víctima de un complot para sacarlo del poder. Dejemos de lado las teorías de conspiración y las retóricas plañideras de la izquierda peruana, y enfoquémonos en la supuesta popularidad de Pedro Castillo. ¿Fue realmente un personaje muy popular?

 

Según datos oficiales de la ONPE, en la primera vuelta de 2021 Castillo obtuvo poco más del 15 % de los votos emitidos, cifra inferior al 18,71 % que representaron los votos nulos y en blanco. Si tomamos en cuenta solo los votos válidos, evidentemente su proporción aumenta, pero no significativamente: alcanzó apenas el 18,92%. Ese porcentaje le permitió pasar a la segunda vuelta frente a Keiko Fujimori, quien obtuvo un todavía más bajo 13,41 %. La imagen de Castillo como un líder de masas es, pues, falsa. Lo que en realidad reflejan estas cifras es que, gracias al pésimo diseño del sistema electoral peruano, candidatos con escaso respaldo y gran nivel de rechazo pueden llegar a la segunda vuelta.

 

Esta perversión del sistema es aún más grave en las elecciones parlamentarias. Perú Libre y Fuerza Popular obtuvieron apenas el 9,73 % y 8,23 % de los votos emitidos, respectivamente, pero esos porcentajes les bastaron para convertirse en las principales fuerzas del Congreso, con 37 y 24 escaños. Si consideramos que un 12,95 % de los votos emitidos fue para partidos que no pasaron la valla electoral y que los votos inválidos alcanzaron el 18,71 %, resulta evidente la escasa representación de los partidos que dominan el Parlamento. Y son precisamente estos grupos los que más han contribuido a destruir lo poco que quedaba de institucionalidad democrática en el país.

 

¿Cuáles son las causas de esta desgracia? Una de las principales es la proliferación de partidos políticos: agrupaciones sin ideología clara ni visión de país, que no son más que cascarones electorales en busca de una cuota de poder, como quien compra un boleto de lotería o un cartón de bingo. Lamentablemente, todo indica que el escenario será aún peor en 2026. En 2021 participaron 23 partidos; en 2026 serán 43. La dispersión del voto en agrupaciones sin opción real de superar la valla será mucho mayor. Esto implicará que, para lograr una mayoría congresal, bastará con una proporción aún menor de votos. Una vez más, los peruanos podrían ser gobernados por partidos con bajísima representación y nula legitimidad.

 

Otra posibilidad que parece inevitable es que Keiko Fujimori –representante de una de las opciones más corruptas y autoritarias de la política peruana– vuelva a disputar una segunda vuelta. Y, como ya se ha visto, quien se enfrente a ella podría llegar con menos del 15 % de los votos emitidos. Como está claro que Keiko jamás ganará una elección presidencial, el próximo presidente podría ser cualquier improvisado, tan inepto como el propio Pedro Castillo. Jugaremos nuevamente a la ruleta rusa y las probabilidades de que salga otra bala serán aún mayores.

 

La única esperanza que nos queda es que algún partido mínimamente decente   –pedir buenos planes de gobierno ya sería un lujo– o, mejor aún, la consolidación de un frente democrático con alianzas programáticas, logre aglutinar el voto ciudadano y ganar de forma contundente. Ojalá que así sea, pero hasta el momento no existe evidencia que nos permita ser optimistas.

 

 

Roberto Valencia