Los dejo con este texto recientemente aparecido en el número 83 de la revista Soluciones Laborales, en la sección Doctrina laboral.
Pensión 65: ¿Inclusión social o fervor estatista? Una crítica desde las Ciencias Sociales
J. N. Gamarra Zapata-Corrales[1]
There ain't no such thing as a free lunch
Robert Heinlein
Introducción
El Programa Nacional de Asistencia Solidaria, Pensión 65, fue creado el 19
de octubre de 2011, “con la finalidad de otorgar protección a los grupos
sociales especialmente vulnerables, dentro de los cuales están comprendidos los
adultos a partir de los 65 años de edad que carezcan de las condiciones básicas
para su subsistencia”[2].
Este Programa se encuentra adscrito, desde el 1º de enero de 2012, al
Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, MIDIS.
Según el Censo de Población y Vivienda 2007,
efectuado por el INEI, la población de 65 años a más es de 1’ 764,687, lo cual
la convierte en un grupo social significativo. De este total, el 25.24 % está
conformado por población rural (445,528 habitantes). Esto nos lleva a
preguntarnos lo siguiente: ¿Un programa asistencial que está dirigido al sector
más vulnerable de esta población, puede ser eficaz y eficiente, teniendo en
cuenta los agudos problemas o males sociales seculares que se encuentran arraigados
en nuestra sociedad?
El propósito del presente ensayo es bosquejar
los límites y “externalidades” (positivas y negativas) de determinados
programas sociales, cuya finalidad es el alivio temporal de la pobreza en
nuestro país. Planteamos que los técnicos y especialistas sociales no pueden
dejar de lado las condiciones históricas, políticas y culturales que configuran
la sociedad peruana de comienzos del siglo XXI. De este modo –creemos–, es
necesaria una crítica que recoja los aportes fundamentales de renombradas
tradiciones de pensamiento social y político de muy larga data, pero con
repercusiones actuales (y epígonos), cuyo referente no puede ser soslayado al
momento de rastrear el surgimiento y desarrollo del llamado Estado de
Bienestar.
De sociedades asimétricas y antagónicas
La notoria diversidad cultural presente en algunas democracias liberales
actuales, ha permitido el ascenso de una política de la diferencia en las
últimas décadas. En países como Perú y Bolivia, donde existen varios grupos
étnicos, cada uno con su propia tradición cultural, lengua y usos particulares
(identidad propia), se ha considerado conveniente hablar de tratamiento
diferencial, expresado en una discriminación a la inversa. Por consiguiente, la
política de la dignidad igualitaria –inspirada en los ideales de la Ilustración
y en las ideas de filósofos como Rousseau– y su epítome de los Derechos
Humanos, se pueden complementar conscientemente con una política de la
diferencia. De este modo: “Los Derechos Humanos no resuelven la cuestión de los
derechos de las minorías. La universalidad de los derechos que no tome en
cuenta las diferencias puede generar nuevas discriminaciones (…)” (López 2000:
138).
Si a esta diversidad cultural, le agregamos
problemas sociales seculares –cuyo trasfondo no analizaremos en profundidad–,
podemos aseverar que una desigualdad a la inversa es requerida, sobre todo en
sociedades asimétricas, como la nuestra, muy lejos de la situación que John Rawls
llamó “velo de ignorancia”, como condición inicial para escoger los principios
de la justicia social (Rawls 1997). De esta manera, la justicia como
imparcialidad conlleva la idea de que “los principios de la justicia se
acuerdan en una situación inicial que es justa” (Rawls 1997: 25).
A pesar de que no estamos en contra de implementar un programa asistencial
que otorga una subvención de 125 nuevos soles cada mes a un grupo social
vulnerable, es imprescindible que se tomen en cuenta graves problemas como el
patrimonialismo, el clientelismo, la corrupción, etc. enraizados en la “estructura
básica de la sociedad” (Rawls dixit). El impacto de estos males en la vida
cotidiana de la población es flagrante[3].
Los stakeholders involucrados pueden quedar relegados completamente
por la red de corrupción y peculado.
La sociedad civil
organizada y el asociacionismo
El enfoque de desarrollo local parte de la
realidad local concreta y promueve el potencial de desarrollo endógeno de la
comunidad concreta. Este enfoque da prioridad al uso adecuado de los recursos
locales para superar la pobreza (saberes tradicionales, know-how, experiencias previas, capital social, redes sociales,
etc.). En un contexto de globalización, el desarrollo local requiere fomentar
la innovación y la capacidad emprendedora de los individuos concretos. De esta
manera, un clima emprendedor es favorecido y se pueden configurar ejes de
desarrollo productivos (un ejemplo claro es el sorprendente polo productivo de
Villa El Salvador que moviliza cientos de miles de dólares al mes; y no es el
único caso de “parque industrial” en Lima).
El enfoque de desarrollo local presupone un
tejido social fuerte, bien constituido para enfrentar el desafío de salir de la
pobreza. Por consiguiente, una sociedad civil activa y constituida es uno de
los actores claves en este proceso que promueve un desarrollo humano sostenible.
En el contexto actual, “simultáneamente con el Estado y con el mercado, la
sociedad civil aparece como una fuerza potencialmente poderosa para promover un
desarrollo socioeconómico equitativo, con énfasis en los sectores pobres. La
modernización alentada por el nuevo orden internacional, que ha supuesto la
liberalización económica y la generalización del régimen democrático, no logra
encubrir la dimensión creciente de la pobreza y las dificultades de
consolidación de regímenes pluralistas y democráticos” (Ballón 1996: 45).
En países pobres una sociedad civil
altamente organizada es un puntal imprescindible para enfrentar las crisis
económicas agudas. Frente a estas crisis y a la inestabilidad política, la
resistencia heroica de las comunidades y los pobladores organizados se
manifiesta en un sinfín de organizaciones y grupos de hombres y mujeres,
quienes aprenden a configurar en su práctica social concreta una relación
social basada en la cooperación, el apoyo mutuo, la horizontalidad y la reciprocidad
entre iguales. De esta manera, asociaciones de pobladores de AAHH, comedores
populares, juntas de vecinos, clubes de madres autogestionarios, cooperativas y
asociaciones de productores, entre otros grupos ya sea en la urbe como en el
mundo rural, se convierten en espacios de lo público donde los individuos
–siempre y cuando estos no se encuentren soliviantados por intereses mezquinos
y subalternos– se interrelacionan horizontalmente aprendiendo una real
democracia directa y participativa. Eduardo Ballón reconoce que: “En la mayoría
de casos, de lo que se trata es de abrir espacios mayores y de hacer frente,
desde la sociedad civil, tanto a la pobreza como a la exclusión. En ese
sentido, se combinan elementos de libertad y solidaridad con elementos de igualdad”
(Ballón 1996: 44).
Al respecto, según la Encuesta sobre Donaciones y Trabajo Voluntario, hecha por la Asociación Calandria en 1998 en Lima, Arequipa,
Trujillo y Cusco; podemos extraer que el trabajo voluntario se concentraba
preferentemente en asociaciones de vecinos, comités de vaso de leche y
comedores populares (el 85.4 % de los 1305 encuestados aquella vez aseveró
estar de acuerdo con la noción de que: “Todos tenemos una responsabilidad moral
de realizar trabajo voluntario en algún momento de nuestras vidas”)[4].
No obstante, no podemos ser ingenuos.
Pertenecer a una asociación civil no garantiza per se la internalización de
valores altruistas o humanistas de solidaridad, horizontalidad, apoyo mutuo,
etc. En el seno de estas organizaciones sociales “de base” pueden reproducirse
conductas y valores reprobables como machismo, prejuicio étnico, oportunismo,
etc. No se puede idealizar el participacionismo o asociacionismo. Nosotros
consideramos que la participación y asociación voluntarias requieren que los
individuos adquieran previamente un conjunto de virtudes cívicas o
democráticas, es decir que estos individuos sean seres racionales “capaces de
un sentido de justicia” (Rawls 1997: 25). Michael Walzer, en ese sentido, nos
propone un “asociacionismo crítico”[5].
Al respecto, Aguilar y Riquelme no ignoran que:
“estas organizaciones no están exentas de
problemas, que van desde el divisionismo interno o de dirigencias paralelas,
hasta estilos de liderazgo paternalistas e individualistas que no generan
mecanismos de comunicación e información con sus bases, lo que redunda en
desconfianza, deslegitimación y desmotivación a participar en las asambleas, y
de apoyar y comprometerse en las gestiones que realizan (…)” (Aguilar y
Riquelme 2006: 27/28).
Por
otra parte, la apatía constituye un factor importante en contra del
asociacionismo, es decir cuando la mayoría de los pobladores permanecen al
margen y no participan en la vida política de su comunidad o colectivo. ¿Cómo
se puede alcanzar una real democracia participativa si la mayoría de ciudadanos
permanece apática o desinteresada?
Asistencialismo y autosuficiencia
Es necesario que el Estado emprenda medidas paliativas a favor de quienes
han quedado excluidos del sistema de seguridad social, los cuales no cuentan
con una pensión de jubilación que, de alguna manera, les ayude a enfrentar las
contingencias y molestias presentadas durante la vejez. El rol subsidiario del
Estado está reconocido en la Constitución Política vigente, en su artículo 10 º:
“El Estado reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la
seguridad social, para su protección frente a las contingencias que precise la
ley y para la elevación de su calidad de vida".
No obstante, un Estado ineficaz, inoperante,
paupérrimo o expoliado por el despilfarro sistemático cometido por gobiernos
corruptos, no podrá cumplir adecuadamente con su rol subsidiario ineludible. De esta forma: “(…) poverty can trap societies in its grip. One way
poverty binds is that when a society is poor, so is the state, and when state
is poor it cannot extract resources and provide public services required for
development. Another trap occurs when the initial stock of human capital is low
relative to the physical capital stock; people tend to have more children, and
high fertility sharply reduces the growth of per capita income” (Przeworski et
ál 2000: 270).
Ciertamente, se requiere una lucha frontal y
decidida en contra de la corrupción política y otros males endémicos muy
extendidos en nuestra sociedad (v. gr. el peculado, un delito generalizado, cometido
por muchas autoridades públicas en distintos niveles). Solo como un inocuo ejercicio
de prospectiva nos podemos plantear lo siguiente: ¿Cuántas escuelas,
hospitales, infraestructura física necesaria, etc. se han dejado de construir
debido al enorme despilfarro y saqueo de recursos públicos durante toda nuestra
vida republicana? ¿Perú hubiese podido convertirse en un país altamente
desarrollado y competitivo a nivel internacional?
Son reveladores los resultados de la VIII Encuesta Nacional sobre percepciones de
la corrupción en el Perú (2013).[6] La
recolección de información se llevó a cabo en las principales ciudades de todas
las regiones geográficas del país: Lima, Trujillo, Arequipa, Piura, Chiclayo,
Huánuco, Huancayo, Puno, Loreto, entre otras urbes importantes. El 58 % del
total de entrevistados (1202 personas) piensa que la corrupción de funcionarios
y autoridades es el principal problema que enfrenta el Estado, lo cual es un
impedimento para lograr el desarrollo del país. Las tres instituciones más
corruptas para los entrevistados son: el Congreso de la República (55 %), la
Policía Nacional (53 %) y el Poder Judicial (49 %). De esta manera,
instituciones tutelares de la sociedad son percibidas como símbolos de la
corrupción.
Una
crítica directa del asistencialismo y del rol social del Estado tiene basamento
en un antiestatismo acendrado de añeja tradición. Un Estado mínimo, únicamente
abocado a funciones de contención, es una cara aspiración para pensadores que
desconfían de un Estado interventor porque neutraliza la libre iniciativa
individual y restringe las capacidades de los individuos. De esta manera:
“la libertad que
disfruta el ciudadano debe medirse no por el mecanismo gubernamental bajo el
cual viva, sea o no representativo, sino por el número relativamente escaso de
restricciones que se impongan a los individuos, y que este mecanismo haya sido
creado con o sin el concurso del pueblo, funcionará despóticamente si aumenta dichas
restricciones más allá de lo necesario para impedir las agresiones directas o
indirectas de unos individuos hacia otros; por consiguiente, las limitaciones
establecidas deberán ser negativamente coercitivas más bien que positivamente
coercitvas” (Spencer 2002: 31).
El desmantelamiento del Estado de Bienestar
en Inglaterra, Estados Unidos y otros países, desde fines de la década de 1970,
conllevó la confianza desmedida en el libre mercado como principal mecanismo de
distribución de bienes y servicios. El rol subsidiario e incluso planificador
del Estado fue puesto en entredicho e impugnado como una ideología decimonónica
y enemiga de la libertad. Muy lejos, por consiguiente, quedó la apuesta por la
función del Estado como orientador, promotor y planificador. No obstante, una
discusión teórica importante surgió en este contexto entre antiestatistas y
convencidos del rol asistencial del Estado. Así:
“Una de las revoluciones
del pensamiento conservador durante los años de Thatcher y Reagan fue la voluntad
de empujar a la izquierda a dar la
batalla en el propio terreno de la ciudadanía social. Mientras que Marshall
argumenta que los derechos sociales permitían a los desfavorecidos integrarse a
la corriente principal de la sociedad y ejercer efectivamente sus derechos
civiles y políticos, la Nueva Derecha sostiene que el Estado de bienestar ha
promovido la pasividad entre los pobres (…). Lejos de aportar una solución, el
Estado de bienestar ha perpetuado el problema al reducir a los ciudadanos al
papel de clientes inactivos de la tutela burocrática (…)” (Kymlicka y Norman
1997: 5).
Si tomamos en cuenta otros datos de la
mencionada VIII Encuesta Nacional sobre
percepciones de la corrupción en el
Perú (2013), encontramos que en el imaginario social se da una estrecha
relación entre males profundamente arraigados como la corrupción y el lastre
burocrático que coarta la libertad individual. De esta forma, el 68 % de
entrevistados percibe que la gran cantidad de trabas burocráticas genera más
oportunidades para el pago de coimas. Casi el mismo porcentaje (67 %) piensa
que si hubiese menos disposiciones controlistas habría menos coimas. Hay aquí
una crítica implícita al excesivo intervencionismo estatal. En el mismo
sentido, una recusación de carácter antiestatista y libertario impregna el
clásico ensayo de Herbert Spencer, de 1884. Sin embargo, los destinatarios de
la crítica no son los socialistas o reformadores sociales:
“¿Cómo el liberalismo,
aumentando cada día su poder, se inclina a una legislación más coercitiva cada
vez? ¿Cómo es que, ya directamente por medio de sus propias mayorías, ya
indirectamente, prestando su concurso a las mayorías de sus adversarios, se
arrogan los liberales cada vez en mayor escala el derecho de dirigir las
acciones de los ciudadanos, restringiendo, por lo tanto, la esfera dentro de la
cual son libres las acciones individuales? (…)” (Spencer 2002: 16).
Ciertamente, se debe buscar un equilibrio
entre la libertad individual y el reconocimiento pleno de los derechos sociales,
incluyendo los derechos de tercera y cuarta generación. Una forma de fomentar
la autosuficiencia y la responsabilidad es apostar por una cultura del ahorro y
la prevención desde la niñez, cuando se empiezan a adquirir hábitos sociales
fundamentales. Un pilar básico es la educación. Para Kymlicka y Norman, la
responsabilidad de los individuos es perentoria:
“Consideremos las múltiples maneras como las
políticas públicas dependen de decisiones responsables a nivel de estilos de
vida personales: el Estado será incapaz de proveer cuidados sanitarios
adecuados si los ciudadanos no actúan responsablemente con respecto a su propia
salud (siguiendo una dieta balanceada, haciendo ejercicio y controlando el
consumo de alcohol y tabaco); el Estado puede tornarse incapaz de satisfacer
las necesidades de los niños, los ancianos y discapacitados si los ciudadanos
no aceptan su cuota de responsabilidad en cuanto a la atención de sus propios
parientes; el Estado no podrá proteger el medio ambiente si los ciudadanos no
aceptan reducir el consumo o practicar el reciclaje en sus propios hogares; la
capacidad del gobierno para regular la economía puede debilitarse si los
ciudadanos se endeudan demasiado o exigen aumentos salariales excesivos (…)” (
Kymlicka y Norman 1997: 9).
Para superar las graves tensiones sociales y
asimetría, es necesaria una política de la diferencia eficaz; sin embargo,
junto con esta, es imprescindible además invocar estrategias y visiones
holísticas de desarrollo, lejos de las visiones unilaterales, en sintonía con
la perspectiva de lo que se ha llamado el desarrollo humano, del economista
Amartya Sen, que apuesta “inequívocamente por un aumento de la capacidad de la
gente para leer y escribir, o para estar bien alimentada y sana, aunque el rendimiento
económico medido convencionalmente de la inversión en alfabetización, o en una
mejora de la nutrición y de la atención a la salud fuera cero (…)” (Hidalgo
s/f).
Un aspecto crucial en esta perspectiva de
desarrollo es la relevancia que cobra el despliegue y desarrollo de las
capacidades y las libertades individuales. De esta manera: “El desarrollo exige
la eliminación de las principales fuentes de privación de libertad: la pobreza
y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales
sistemáticas, el abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la
intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos (…)” (Sen
2000: 19/20).
A manera de conclusión
Una política pública eficaz a favor de las
personas de la tercera edad vulnerables requerirá que se tome en cuenta la
peculiar estructura básica de nuestra sociedad (o sociedades). Ello conlleva la
lucha tenaz en contra de distorsiones y problemas sociales concretos que nos
agobian como país desde los albores de la vida republicana. Una política de la
diferencia, a favor de este grupo social vulnerable, es coherente con la
normativa internacional, así como el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos. Recordemos finalmente que la ONU declaró 1999 “Año internacional de
las personas mayores”. El artículo 25, párrafo 1, de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos (1948) es apremiante:
“Todas las personas
tienen derecho a un nivel adecuado para la salud y el bienestar propio y de su familia,
incluyendo comida, ropa, hogar y atención médica y servicios sociales
necesarios, y el derecho a la seguridad social en caso de desempleo,
enfermedad, discapacidad, viudez, edad
avanzada o cualquier otra carencia en circunstancias ajenas a su voluntad”
(el resaltado es nuestro).
Bibliografía
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Fecha: 22/10/14.
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2000 Desarrollo
y libertad. Barcelona: Planeta.
SPENCER, Herbert.
2002 El individuo contra el Estado. Barcelona: Folio.
[1] Bachiller
en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posgrado en
Responsabilidad Social Empresarial en la Pontificia Universidad Católica.
Colaborador de revistas de Ciencias Sociales y humanidades locales y del
exterior. Socio de Amnistía Internacional.
[3] Una noticia aparecida en el periódico El
Comercio, el 24/08/14, da cuenta de un juez de paz que fue separado de su
cargo por la Odecma, por haber realizado cobros a pobladores de Somate Bajo,
Sullana (Piura), para ser beneficiarios del programa Pensión 65. Véase:
http://elcomercio.pe/peru/piura/juez-paz-cobraba-pobladores-que-accedan-pension-65-noticia-1752076
[4] Véase:
MILLÁN, Armando. “¿Somos solidarios los peruanos?”. En: Revista Punto de Equilibrio.
Nº 55, julio-agosto 1998, pp. 43-45.
[5] Véase: KYMLICKA, Will y NORMAN, Wayne. “El retorno del
ciudadano. Una revisión de la producción reciente en teoría de la ciudadanía”.
En: Ágora. Nº 7, 1997.
[6]Véase:
http://www.proetica.org.pe/viii-encuesta-nacional-sobre-percepciones-de-la-corrupcion-en-el-peru-2013/
ENTREVISTA A JAIME LLOSA L.: "HAY QUE RESCATAR EL SENTIDO CONTESTATARIO DEL COOPERATIVISMO EN CONTRA DEL SISTEMA CAPITALISTA”
Jaime Llosa Larrabure es ingeniero agrónomo, estudió en la Universidad Nacional Agraria (Lima) y sociología de la cooperación en Francia. Fue miembro del Instituto de Estudios e Investigación de Cooperativas y Comunidades (INDEICOC), de inspiración libertaria, el cual tenía entre sus postulados: “La autogestión o gestión democrática de los medios de producción, donde el trabajador adquiere una doble condición: productor y gestionario de la empresa. Deja de ser un asalariado y se convierte en productor libre y asociado”. Participó, junto con Gerardo Cárdenas, Jorge Choster, Víctor Gutiérrez y otros miembros del INDEICOC, en la constitución de las Cooperativas Agrarias de Producción (CAP) y las Sociedades Agrícolas de Interés Social (SAIS), a partir de 1969. Ha sido colaborador de periódicos anarquistas de Lima. Es investigador de temas de cambio climático global. Ha publicado recientemente el libro, producto de sus investigaciones, “Cambio climático en el Perú”.
Humanidad: No se conoce mucho de la participación de libertarios durante el régimen de Velasco, pero nosotros sabemos que usted, Gerardo Cárdenas, Gutiérrez y otros participaron activamente. ¿Puede contarnos un poco sobre esta participación?
R: Había un nivel de reflexión y de análisis en un instituto libertario; yo no me acuerdo exactamente el nombre que tenía. Teníamos un local que compartíamos, que era de los maestros jubilados, en la calle Chota y ahí nos reuníamos cada semana y teníamos grupos de estudio, círculos de estudios; dábamos charlas. Cuando salió la ley de Comunidades laborales, dábamos charlas a las comunidades laborales, cómo organizarse, cómo gestionar las empresas, así como círculos de estudios y reflexión sobre los temas del pensamiento libertario. Entonces, efectivamente, eso era un tipo de trabajo: de reflexión, análisis, de enriquecimiento y otro era a nivel de las personas que trabajábamos en la época de Velasco. Entonces, se daba en las charlas que dábamos, porque también se daban las charlas en universidades, en varios lados. Lo más marcado es cuando se diseña, y ahí participaron Jorge Choster también, que después murió, y aun otros compañeros más… Yo no me acuerdo el nombre de todos, pero el gobierno necesitaba sacar la legislación cooperativa condicente con la Reforma Agraria, o sea cómo se iba a entregar la tierra. Entonces, se habló de cooperativas agrarias, se habló de SAIS, se habló de cooperativa de integración parcelaria y también de cooperativas de servicios. Entonces, los que teníamos más formación en este tema fuimos llamados. Yo estaba enseñando en La Molina y me pidieron que colaborara con el gobierno. Dije: bueno, mi vocación socialista indica que los militares generalmente son el parachoque de defensa de la clase dominante; entonces ¿cómo voy a saber si esto va a ser una revolución? Puede ser un cuartelazo más. Eso me mantuvo reticente. Yo hubiera estado encantado de ayudar en el tema de las cooperativas, pero fue recién por un contrato entre La Molina y el Instituto de Desarrollo Cooperativo que yo voy prestado por La Molina. Fue entonces cuando empecé a trabajar en este proceso y ayudé a diseñar los decretos, por ejemplo el decreto de cooperativas agrarias, Decreto 240; cooperativas agrarias SAIS, cooperativas de servicios, de integración parcelaria. Desde el principio, me dediqué al diseño de estos sistemas. Yo había estudiado en Francia economía y sociología de la cooperación. Entonces, dentro de las formas de cooperación hay desde las formas más simples hasta la comuna china o la autogestión yugoslava: todo eso se estudiaba en Francia…
Por ejemplo, si usted lee la definición de una cooperativa agraria de producción, ¿qué dice? Dice que la propiedad de los medios de producción corresponde al conjunto de trabajadores sin que a ninguno de ellos le corresponda ningún derecho de propiedad; o sea llegamos a la negación de la propiedad. ¿Qué habíamos analizado? Uno analiza la propiedad y ¿qué analizas? Los atributos que tiene la propiedad. Uno de sus atributos es el uso. Nosotros dijimos: los campesinos van a tener el derecho de usar la tierra y los bienes agrarios, la industria azucarera, lo que sea. El segundo atributo es el usufructo: apropiarse de la riqueza que ellos mismos generan. El tercer atributo es la disponibilidad: los campesinos no pueden disponer, no pueden vender, no pueden enajenar, no pueden alquilar. Les impedimos la libre disponibilidad, así como el derecho a herencia, a lo que los abogados llaman derecho persecutorio. No pueden tener herencia, pero, si el padre muere, la cooperativa crea un fondo de solidaridad para mantener a la viuda y a los huérfanos que se encarga de darles la vivienda y los servicios de salud, todo aquello. Es así como nosotros reenfocamos la noción de propiedad social y, por lo tanto, realizamos un avance, porque cambiamos la lógica de la propiedad; le quitamos algunos atributos como la disponibilidad (…)
El pensamiento libertario plantea que el capital y el trabajo estuvieron unidos en los albores de la historia, pero se separaron; a partir de ahí comenzó la pugna y la lucha entre capital y trabajo. La única manera de eliminar esta contradicción insalvable, es juntarlos de nuevo: que capital y trabajo estén en las mismas manos. Esta es la noción de autogestión. Sin embargo, no basta quedarse ahí, ya que existe un problema: hay empresas –las automatizadas– que tienen muy pocos trabajadores, porque tienen una alta densidad de capital, composición orgánica de capital, y poca mano de obra. Entonces, es necesario definir qué porcentaje real le corresponde al trabajo, sea creativo o sea manual, debido a que no es posible que el trabajado se apropie de todo…
Humanidad: En la Universidad Agraria, en una actividad de la Federación de estudiantes, le escuché decir que ser libertario es ir contra la corriente, pues vivimos en una sociedad profundamente autoritaria. Para González Prada y otros, la tarea de los libertarios es justamente impugnar y recusar esta sociedad autoritaria ¿Qué piensa usted?
R: El Perú tiene una matriz autoritaria, porque el imperio incaico era teocrático y vertical. El Inca era hijo de dios, del Sol…Era un diferencial que funcionaba igual que la monarquía, imposible de alcanzar. Entonces, nuestra matriz es autoritaria…La democracia sólo podrá existir cuando sea democracia económica y el ser social es un ser que debe involucrar a lo económico, lo político, todo junto: integrar al hombre en todas sus dimensiones. La noción del hombre pluridimensional. Mientras exista la propiedad privada de los medios de producción y las grandes corporaciones manejen el mundo, esta matriz autoritaria se mantiene. Marx decía el poder económico sirve de sustento al poder político: hay una relación dialéctica entre poder económico y poder político. Las grandes empresas concentran no sólo la renta, es decir el ingreso, sino también la capacidad de decidir. Una multinacional o una transnacional tiene la capacidad de doblegar estados. Nosotros tenemos que romper los centros de decisión y de concentración del poder; en otras palabras, democratizar el poder es democratizar el fundamento de la sociedad que son las empresas de bienes y servicios. En Yugoslavia, por ejemplo, una empresa era manejada en forma de autogestión, pero un servicio médico de una comunidad o de un municipio lo manejaban las enfermeras, los médicos, el portero, es decir todos los que manejaban el hospital. Sin embargo, la mayoría la tenía la comunidad, ya que era un servicio para la comunidad y ella era la que tenía que saber si el servicio era bueno o malo. Si mi mujer iba al hospital y le dejaban una gasa a la hora de operarla, yo me enteraba. Por eso, los servicios tienen que guardar un equilibrio. Yo he estado en Argentina, invitado por el sindicato de Luz y Fuerza, que trabajaba como fórmula de autogestión, y la mayoría la los obreros que generaban el servicio; eran obreros privilegiados, ganaban mucho dinero. Incluso tenían clubs; me invitaron a hacer parrillas ahí. Ellos tenían el poder de subir la tarifa eléctrica. Yo les decía: no, ustedes no pueden tener mayoría, son los usuarios del servicio los que deben tenerla, porque el fin de generar energía es dar un servicio. Entonces, los usuarios del servicio deben tener la mayoría de la empresa; ahí ya no les gustó mi discurso (…)
Cuando se hace la revolución de Octubre, ¿cuál era la voz de orden? Todo el poder a los soviets y los soviets eran células de autogestión; y de la autogestión obrera pasaron al control obrero y del control obrero al control del partido y se acabó la posibilidad de socialismo y se llegó a un capitalismo de estado (…)
Humanidad: Los rojos lo que hicieron fue apropiarse de ese concepto que era libertario, de soviets y lo utilizaron…
R: Claro, lo utilizaron, pero lo utilizaron sin convicción porque era la mentalidad autoritaria. Por eso es que nosotros, los anarquistas nos definimos como socialistas libertarios para diferenciarnos de los socialistas autoritarios, que no le hacen fe al pueblo. Lo que ocurre en el mundo es que la vanguardia lúcida, iluminada y profética del proletariado es el partido y el partido toma el poder y nunca ha habido en la historia el caso en el que se transfiera el poder al pueblo. De esta manera, se crea una costra viva, que genera una ideología para justificar quedarse, debido a que ya no son dueños de los medios de producción, pero sí son dueños diferencialmente del excedente económico. Un obrero ganaba uno y un jerarca del Partido Comunista de Rusia ganaba 40. Así no se hace el socialismo pues…
Entrevista hecha por Márlet Ríos, aparecida en el Nº 8 del periódico Humanidad (mayo 2009)
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| Libertario Jaime Llosa |
