PERÚ: ILEGITIMIDAD DEL PODER,
VIOLENCIA DE ESTADO Y PROTESTA DE LOS EXCLUIDOS
El Perú vive un momento político de
confrontación, polarización y radicalización. Este conflicto tiene orígenes
políticos en la no representación e ilegitimidad de un Gobierno que un 71 % de
ciudadanos no aprueba. La limitada legitimidad o ilegitimidad del Gobierno
desde sus orígenes lo ha llevado a sostenerse en la convivencia pactada con las
mayorías en el Congreso y las Fuerzas Armadas, constituyéndose en un
triunvirato sin base social. La ilegitimidad en el ejercicio del poder del Gobierno ha llevado ante las protestas, por un lado, a un mayor endurecimiento
en el uso de la fuerza que ha generado como efecto la pérdida de la vida de casi
50 ciudadanos y más de 500 heridos, y, por otro lado, enrumbarse en una
obsesiva acción de construir la legitimidad a través del ofrecimiento de
proyectos de inversión, bonos, títulos de propiedad y más inversión, no
obstante ser un Gobierno de corto tiempo y de transición.
La protesta ante la ilegitimidad del
poder, tan pronto asumido el Gobierno, ha politizado contextualmente a la
población que se viene movilizando por miles en diferentes regiones del Perú y,
en especial, en el Sur, dado que no reconocen a Dina Boluarte como presidenta
por lo cual piden su renuncia y que se convoque a una asamblea constituyente.
El endurecimiento, la violencia y el uso de la fuerza por parte del Gobierno y
el Estado, la legitimación del uso de la fuerza, la impunidad y el discurso del
terruqueo y de deslegitimación de la protesta reduciéndola a
manifestaciones de “vándalos”, “violentistas” y “terroristas” han generado el
efecto previsible: una mayor radicalización y polarización que se traduce en
indignación, rabia y molestia de los protestantes que luego de una segunda ola
de protestas se vienen movilizando hacia Lima. La legitimación del uso de la
fuerza y cubrir la violencia con un manto de impunidad se ha legalizado a
través de la declaratoria de estados de emergencia que se sostienen sobre
informes reservados de inteligencia.
La deslegitimación de la protesta por
parte del gobierno autoritario, las mayorías en el Congreso y sectores de clase
privilegiada en el Perú y en Lima ha llevado además de la confrontación
política a una confrontación social. En efecto, la polarización confronta a
clase sociales; "indios", indígenas, nativos, mestizos, blancos;
limeños y provincianos; pitucos y cholos e "indios", y alienados –el
25.59 % de la población (5 935 713) se reconoce como quechua, aimara y nativo o
indígena de la Amazonía, 60.20 % como mestizo (13 965 254) y 5.9 % blanco (1
366 931) y 8.31 % otros reconocimientos (afrodescendiente, Nikkei)–; amigos y
enemigos; refleja nuestras fracturas sociales históricas, culturales y
geográficas, nuestros odios, nuestros orgullos, nuestras esperanzas frustradas.
Es la historia de nuestra república fallida y nuestras heridas coloniales.
Así, más allá de la deslegitimación
el rostro de quienes se movilizan, se trata de una mayoría de quechuas,
aimaras, nativos, indígenas y mestizos del Perú y en especial del Sur, quienes
eligieron a Castillo y en las urnas alcanzaron el 84.64 %. De esta manera,
Castillo representó la esperanza de millones que establecieron un vínculo
político mediado por factores étnicos culturales y de orígenes de clase,
“Castilllo es como yo, conoce la pobreza y viene de una familia de campesinos”.
Esta esperanza y la afección hacia Castillo ya en el gobierno se transformaron
rápidamente en desesperanza y desafección. Se trata, entonces, de una esperanza
frustrada por décadas.
Lo cierto que el rostro de millones
expresa la esperanza frustrada por gobiernos que fueron elegidos prometiendo
cambios y se terminaron de alinear a los grupos de poder económico y a las
mafias en la política que han capturado los poderes del Estado.
Soc. José Antonio Lapa Romero
TRAGEDIA
PERUANA
Horror, indignación
y estupor. Parecía difícil imaginar que la escalada de violencia estatal
llegara hasta esos extremos a fines de 2022. No obstante, si nos detenemos a
revisar la historia del Perú del siglo XX vemos que es una constante la
violencia indiscriminada del Estado en contra de los grupos subalternos de la
sociedad peruana (trabajadores, pueblos originarios, mujeres, etc.). De esta
forma, durante la llamada República Aristocrática, a comienzos del s. XX, los
primeros intentos de organización y de reivindicación del movimiento obrero
peruano fueron rechazados con inusitada violencia por el Estado policial. Y
esto se dio en Lima y en otras ciudades importantes del país. La conquista de
las 8 horas en todo el país les costó la prisión, la persecución, el exilio y
la muerte a cientos de trabajadores peruanos. Los anarcosindicalistas fueron
los primeros en padecer las persecuciones y el exilio. Luego, llegaron los
apristas y los comunistas en la década de 1930.
En Perú,
la estructura básica de la sociedad peruana está conformada por lacras sociales
muy arraigadas como la discriminación racial, el autoritarismo, el machismo,
etc. Son problemas sociales que se originan incluso antes de la república
peruana en 1821. Científicos sociales han señalado que en Perú existen
ciudadanos de primera clase, con todos los privilegios, que representan una
minoría de la población (asentados, principalmente, en Lima); y ciudadanos de
segunda y tercera clase, invisibilizados por el Estado y la sociedad
(habitantes del área rural, en la Sierra y en la Amazonía).
Y ahora,
en las postrimerías del año 2022 ocurría una represión espantosa –que ya va
ocasionando medio centenar de fallecidos y cientos de heridos– de parte de la
policía peruana. Tan deplorable que incluso organizaciones de derechos humanos
como Amnistía Internacional verificaron imágenes de policías disparando bombas
lacrimógenas directamente y a corta distancia de los cuerpos de los
manifestantes en Lima. Asimismo, la ONG recibió varias denuncias de abuso
desproporcionado de agentes del Estado en un contexto de estado de emergencia.
Macartismo
trasnochado
Para las
clases altas peruanas, la prensa (grupo El Comercio) y los poderosos gremios
empresariales la Guerra Fría aún no ha terminado. La amenaza “roja” es real y
su erradicación se ha vuelto muy acuciante. Hoy en día, la policía peruana y el
Gobierno aseveran que los grupos subversivos (MRTA y Sendero Luminoso) estarían
detrás de las protestas sociales en contra del gobierno de Dina Boluarte. No
hay que ser un perspicaz analista político para darse cuenta de que se trata de
deslegitimar, a toda costa, la protesta de la ciudadanía al resucitar a
organizaciones derrotadas militarmente en la primera mitad de los 90.
Durante
las últimas elecciones presidenciales (2021), el expresidente Pedro Castillo y
toda la izquierda peruana fueron tildados de amenaza comunista y,
eventualmente, de terroristas por la gran prensa y la derecha. Los poderosos
gremios empresariales, agrupados en la Confederación Nacional de Instituciones
Empresariales Privadas (Confiep), y la gran prensa cerraron filas alrededor de
la heredera de la dinastía Fujimori. Hasta el “libertario” novelista autor de La
ciudad y los perros y La casa verde le brindó su apoyo sin reservas a la hija del dictador.
Nosotros nos preguntamos absortos ¿un libertario puede apoyar a un proyecto
autoritario y populista de extrema derecha, es decir, de carácter liberticida?
O Vargas Llosa siempre fue autoritario o es un farsante.
El
triunfo de Castillo, con el apoyo de toda la izquierda y del gremio de
profesores, despertó el abierto racismo y las prácticas antidemocráticas no
solo de la derecha peruana, sino de las clases altas y de buena parte de las
clases medias. La oposición de ultraderecha (el fujimorismo, básicamente) no
reconoció el triunfo de Castillo y esgrimió la narrativa del fraude electoral
durante varios meses. En el fondo, no podía concebir cómo un profesor de
primaria mestizo y de extracción campesina pudo derrotar a la alianza de
gremios empresariales, mass media y fujimorismo. La abierta
confrontación y los intentos de vacancia, de parte del Congreso, controlado por
la extrema derecha, dieron sus frutos cuando Castillo fue vacado, finalmente,
el 7 de diciembre con los votos de congresistas no solo de derecha, sino
también de izquierda en una muestra de tragicomedia y deslealtad inéditas. Por otra
parte, el expresidente, hoy detenido y acusado de sedición, no se mostró muy
acorde a la ética y la lealtad, al desembarazarse –luego de un año de gobierno–
resueltamente de sus aliados que lo llevaron a la presidencia (el esperpéntico
partido “marxista” de Perú Libre).
Guerra
civil
No pocos
peruanos contemplan un escenario devastador de guerra civil, si la escalada de
violencia continúa. Es decir, Perú sería consumido por una debacle social sin
precedentes después de 200 años de vida republicana y de la violencia política
del periodo 1980-2000 en el cual murieron miles de peruanos, sobre todo
campesinos quechuahablantes que tuvieron la desgracia de quedar entre dos
fuegos: el de la organización milenarista Sendero Luminoso y el de las Fuerzas
Armadas.
La salida
para los aliados ultraderechistas del Gobierno es, por supuesto, liquidar la
disidencia y a los “vándalos” que protestan sin ninguna razón.
Desde
nuestra perspectiva, es apremiante convocar a los sectores progresistas y
democráticos de la sociedad peruana para luchar contra las fuerzas
retardatarias y oscurantistas (filofascistas), de espaldas a las grandes
mayorías del país. El gobierno actual está totalmente deslegitimado y manchado por la sangre de compatriotas, asesinados solamente por protestar y, en algunos
casos, víctimas colaterales. Esto lo debe conocer la comunidad internacional. El
Estado policial es hoy en día implacable y arbitrario. Las muertes de estos peruanos no
deben quedar impunes y el gobierno peruano tiene que dejar de criminalizar la
protesta social.
Márlet Ríos
